By Diego Laje in comparaciones incómodas — 16 may. 2026

Grecia: régimen de declaraciones juradas para periodistas

Grecia audita bienes de periodistas y empresarios de medios. Estos últimos quedan como los más riesgosos para la calidad de la información.

El periodismo y especialmente los empresarios de medios en Grecia aclaran sus ingresos ante su audiencia.

Grecia obliga a periodistas y empresarios de medios a declarar bienes, pero el régimen funciona más como auditoría que como publicación pública masiva.
La confianza social en el periodismo griego sigue baja, tras una serie de escándalos serios y también por concentración mediática, intereses empresariales y sospechas de captura editorial.
Para Argentina, la comparación exige cuidado porque transparencia patrimonial para dueños y directivos es muy razonable en un contexto de pagos ilegales y pauta discrecional; aplicada a periodistas de base, puede no generar los resultados que se desean.

En Grecia a ciertos periodistas y participantes del sistema de medios están obligados a presentar una declaración patrimonial y de intereses, es un régimen llamado pothen esches, “de dónde viene”, y pueden ser auditados y sancionados.

Entre tanto en Argentina falta una norma sobre dueños, beneficiarios finales, directivos y receptores de pauta pública que ponga más responsabilidades sobre quienes gerencian desde los medios los fondos públicos que reciben.

1. Qué es el régimen griego

El marco actual busca aumentar la transparencia, mejorar la calidad de los controles, centralizar el órgano de auditoría y reducir cargas administrativas mediante digitalización. La propia ley fija como meta que se controle anualmente un porcentaje mínimo de declaraciones, llegando al 7% del total en régimen pleno.

La declaración principal es la D.P.K., equivalente a una declaración de situación patrimonial. Además existe la D.O.S., declaración de intereses financieros.

El sistema no está pensado sólo para periodistas: cubre políticos, funcionarios, jueces, fiscales, militares, policías, autoridades locales, directivos financieros, contratistas públicos, dirigentes deportivos, médicos del sistema público y otros grupos considerados sensibles.

Por su parte, la Unión Europea no condena explícitamente el sistema griego de declaraciones patrimoniales, pero tampoco lo presenta como modelo periodístico. Lo analiza sobre todo como parte del marco anticorrupción de Grecia, no como una política de libertad de prensa.

2. A quiénes alcanza dentro del mundo de los medios

La parte clave es el artículo 10 de la Ley 5026/2023. Ahí se incluye a propietarios, accionistas relevantes, socios, presidentes, CEOs, miembros ejecutivos de directorios, administradores, directores generales y directores de noticias de empresas de televisión, radio, medios digitales y publicaciones impresas nacionales. También alcanza a periodistas miembros de asociaciones profesionales y a quienes prestan servicios periodísticos en medios impresos, audiovisuales o digitales mediante contrato laboral o contrato de obra/servicio.

3. Qué tienen que declarar

La declaración incluye ingresos de toda fuente, inmuebles, acciones, bonos, fondos, derivados financieros, depósitos, productos bancarios o de inversión, metales preciosos mantenidos en cuentas, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones, aeronaves y participaciones en empresas. La declaración inicial cubre bienes existentes al momento de adquirir la condición que genera la obligación, y la anual cubre la situación al 31 de diciembre del año anterior.

También cónyuges, cónyuges separados o parejas bajo acuerdo de convivencia tienen una obligación autónoma de presentar declaración mientras dure la obligación del sujeto principal. La declaración incluye además bienes de hijos menores.

4. Cómo se presenta y cómo se controla

La presentación es electrónica, por la plataforma oficial pothen.gr, con autenticación vía credenciales fiscales griegas. El sistema toma o cruza automáticamente datos fiscales, inmuebles, saldos bancarios, productos de inversión, cajas de seguridad, vehículos y participaciones societarias. El obligado puede revisar, corregir, agregar datos y subir documentación antes de cerrar la declaración.

Asimismo, la ley permite verificar si el incremento patrimonial está justificado por los ingresos y gastos de vida del obligado. La selección de declaraciones a auditar se hace con criterios de riesgo, fuentes internas o externas de información, y un objetivo anual mínimo de auditoría.

5. No es igual que con los políticos

Las declaraciones de ciertos políticos y autoridades locales se publican en la web del Parlamento. Pero el artículo 32 de la ley refiere la publicación a los obligados del artículo 4, o sea políticos, y a ciertos obligados del artículo 6, no al artículo 10, que es el de medios y periodistas. Es decir, los periodistas pueden estar obligados a declarar y ser auditados, pero sus declaraciones no parecen estar destinadas a publicación general como las de los políticos.

Eso cambia mucho el análisis. No estamos ante un modelo de “escrachar” patrimonios de periodistas en internet, sino ante un régimen estatal de control patrimonial con acceso reservado, salvo supuestos específicos.

6. Sanciones

El régimen es severo. No presentar, presentar con datos falsos o incompletos puede generar penas de prisión y multas. Si la omisión busca ocultar bienes por más de 30.000 euros, la pena sube; si el ocultamiento supera los 300.000 euros, la ley prevé hasta 10 años de prisión. También puede haber decomiso de bienes no declarados cuando se configuran ciertos delitos.

7. ¿Por qué implementar un sistema así?

En Grecia los medios no son vistos sólo como empresas privadas. Muchos operan en sectores regulados, con licencias estatales, publicidad oficial, vínculos con contratistas públicos y propietarios con intereses en otras áreas económicas reguladas. RSF describe un ecosistema con pocos grandes grupos privados, empresarios vinculados a sectores regulados y relaciones con la élite política. (Reporters Without Borders)

Desde esa perspectiva, exigir declaraciones a dueños, accionistas, directores de noticias y eventualmente periodistas puede entenderse como una herramienta anticorrupción: busca detectar enriquecimiento inexplicable, conflictos de interés, pagos encubiertos, vínculos económicos con actores políticos o empresariales, y captura indirecta de la línea editorial.

Por otro lado, está el problema es la proporcionalidad. Un dueño de canal, un accionista de un grupo mediático o un director de noticias con poder sobre la agenda pública no están en la misma posición que un cronista, productor o periodista de base. Extender el régimen a periodistas comunes puede ser excesivo porque ellos no administran fondos públicos ni ejercen poder estatal.

Además, Grecia tiene un contexto delicado de libertad de prensa. Human Rights Watch denunció vigilancia a periodistas, demandas intimidatorias, presiones sobre medios públicos y uso de publicidad estatal como herramienta de influencia; RSF también describe una crisis sistémica de libertad de prensa desde 2021. Por su parte, el gobierno griego rechaza esas acusaciones o las relativiza, y señala reformas y avances institucionales. (Human Rights Watch)

9. Problemas prácticos

También hay problemas de implementación. Organizaciones de monitoreo como Govwatch criticaron las prórrogas sucesivas en los plazos de presentación, porque demoran controles y publicación de declaraciones donde corresponde. Según esa crítica, las “excepciones” terminaron pareciéndose a una regla, debilitando el objetivo de transparencia. (govwatch)

Y hay otro punto, porque la transparencia patrimonial individual no reemplaza políticas más estructurales, como transparencia de propiedad de medios, beneficiarios finales, distribución de pauta oficial, contratos públicos, subsidios y vínculos societarios. De hecho, RSF advierte que el impacto de nuevas reglas de transparencia sobre propiedad y financiamiento mediático en Grecia todavía debe verse. (Reporters Without Borders)

Conclusión

El modelo griego es defendible para propietarios de medios, accionistas relevantes, concesionarios de licencias, directores ejecutivos y directores de noticias, porque ahí hay riesgo real de captura política, conflictos de interés y enriquecimiento vinculado a poder público o negocios regulados.

Es mucho más discutible cuando alcanza a periodistas rasos. En ese caso, sólo sería razonable si hay garantías fuertes: declaraciones no públicas, auditoría independiente, criterios objetivos, protección de datos, prohibición de uso selectivo contra periodistas críticos y límites claros sobre qué información puede examinar el Estado.

Para pensar una comparación con Argentina, se debe analizar desde la transparencia patrimonial para dueños y directivos de medios puede tener una lógica democrática; para periodistas individuales, puede transformarse en una herramienta compleja si no está acotada.

La imagen del periodismo sigue deteriorada o, como mínimo, muy frágil en el país europeo. El problema de fondo no es sólo “cuánto gana un periodista”, sino la percepción de que el sistema mediático está atravesado por dependencia empresarial, cercanía con el poder político, publicidad estatal, concentración de propiedad y polarización.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que una declaración patrimonial puede tener lógica para dueños y directores de medios con poder real; aplicada a periodistas individuales, puede ser más una herramienta de intimidación que de transparencia si no está bien definida, acotada y se cumple según lo establecido.

[EXEUNT]