By Diego Laje in tecnología — 24 jun. 2026

Los delirios tecnológicos de Daniel Grinbank

La IA exige críticas serias, la militancia ludita resta opciones y deja a futuros argentinos al margen del progreso.

Daniel Grinbank confunde análisis con militancia, desde el vamos aburre.

El artículo de Daniel Grinbank publicado en LA NACION de este miércoles plantea una advertencia amplia sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA), el denominado “Súper RIGI” y la eventual creación de sociedades administradas por sistemas automatizados.

Grinbank surbaya que la Argentina debe discutir bajo qué condiciones quiere atraer inversiones tecnológicas de gran escala, especialmente si involucran uso intensivo de energía, agua, datos e infraestructura crítica. Sin embargo, varios de sus argumentos mezclan planos distintos y derivan en conclusiones que no siempre se sostienen técnicamente.

El primer problema conceptual es tratar a la inteligencia artificial como un bloque único. No es lo mismo entrenar modelos, operar servicios de inferencia, almacenar datos, ejecutar cargas batch, servir usuarios en tiempo real o montar infraestructura de nube para clientes regionales. Cada una de esas actividades tiene necesidades distintas de energía, conectividad, refrigeración, ubicación geográfica y latencia. En ese punto, el artículo acierta al señalar que los data centers no son “la nube” en abstracto sino que son infraestructura física, con costos ambientales y energéticos. Sin embargo, falla cuando sugiere que toda instalación de IA tiene la misma relación con el territorio, los usuarios y el poder político.

La ubicación geográfica de la Argentina es uno de los puntos que exige mayor precisión y que Grinbank desconoce. Para aplicaciones de IA que requieren respuesta inmediata, por ejemplo conducción autónoma, trading de alta frecuencia, defensa, videojuegos en tiempo real o ciertos usos industriales críticos; la latencia importa mucho y la distancia física no desaparece por decreto. En esos casos, un centro de datos en la Patagonia o lejos de los grandes mercados de consumo no compite en igualdad de condiciones con nodos cercanos a Estados Unidos, Europa o Asia. La fibra óptica mejora la conectividad, pero no elimina la física, es decir, los paquetes de datos siguen viajando por rutas concretas, con saltos, congestión y límites de velocidad.

Pero de ahí no se desprende que la Argentina sea irrelevante para la infraestructura de IA. Para entrenamiento de modelos, simulaciones, procesamiento diferido, generación de embeddings, almacenamiento, respaldo, servicios regionales o cargas no interactivas, la latencia frente al usuario final puede ser secundaria frente a otros factores tales como energía disponible, costo eléctrico, estabilidad regulatoria, capacidad de refrigeración, seguridad física, conectividad internacional y plazo de despliegue. Esa distinción es central porque un país puede no ser ideal para toda la cadena de valor de la IA y, aun así, tener una oportunidad en segmentos específicos.

Confundir infraestructura de cómputo con una arquitectura de control estatal o corporativo oscurece más de lo que aclara.

También debe diferenciarse entre servir al mercado global y servir al mercado latinoamericano. Un centro de datos en Argentina puede tener limitaciones para atender usuarios de baja latencia en Nueva York, Londres o Frankfurt, pero puede ser competitivo para cargas regionales, respaldo, entrenamiento o servicios destinados al Cono Sur. La llegada de cables submarinos como Firmina y la concentración de conectividad en Las Toninas fortalecen la posición argentina, aunque no la convierten automáticamente en un hub global equivalente a Virginia, Miami, São Paulo o Querétaro. En otras palabras, la conectividad argentina es una ventaja relativa, no una carta mágica.

El segundo problema del artículo es que combina una crítica razonable a los incentivos fiscales con una alarma política sobredimensionada. Es legítimo discutir si el “Súper RIGI” concede demasiados beneficios con alícuotas reducidas, estabilidad normativa prolongada, ventajas aduaneras, menor carga laboral y escasas contraprestaciones explícitas en empleo, ciencia, transferencia tecnológica o abastecimiento energético limpio. Ese debate existe en todo el mundo, y está bien. Pero asimismo es razonable exigir evaluaciones de impacto ambiental, obligaciones de eficiencia hídrica, compromisos de energía adicional, reglas de conexión a la red y mecanismos de auditoría.

Sin embargo, presentar esos incentivos como la antesala de un “régimen totalitario” corporativo debilita la crítica. Los riesgos regulatorios de la IA alrededor de la concentración de mercado, opacidad algorítmica, sesgos, ciberseguridad y desplazamiento laboral son atendibles. Pero esas amenazas se abordan mejor con reglas específicas que con imágenes apocalípticas.

La discusión madura no es si la IA traerá inevitablemente un caballo de Troya, sino qué obligaciones deben tener quienes la desarrollan, operan o contratan.

El tercer punto débil es la personalización del debate en Peter Thiel y Palantir. Las ideas políticas de Thiel, el perfil de Palantir y el uso de tecnologías de análisis masivo de datos por gobiernos merecen escrutinio, es cierto. Entre tanto, si el Estado argentino contratara sistemas para seguridad, inteligencia, salud, asistencia social o políticas públicas, debería haber reglas estrictas sobre datos personales, anonimización, auditoría, trazabilidad, compras públicas y control parlamentario. Pero un data center no equivale por sí mismo a una plataforma de vigilancia. Confundir infraestructura de cómputo con una arquitectura de control estatal o corporativo oscurece más de lo que aclara.

Algo similar ocurre con la idea de sociedades “operadas por IA”. La pregunta jurídica relevante no es si “el CEO puede ser un robot”, sino quién responde por las decisiones de un sistema automatizado. La personalidad jurídica ya es una ficción legal que permite organizar responsabilidades, patrimonios y contratos. El desafío en una empresa administrada por agentes de IA estará en el establecimiento de responsabilidades humanas y sanciones efectivas. Sin un andamiaje, el riesgo es existe pero no alcanza con denunciar “robots directores” porque hay que diseñar responsabilidad legal verificable.

Puesto que tanto Grinbank como todos nosotros desconocemos el andamiaje legal concreto alrededor de las sociedades de IA, sus preocupaciones no tienen sustento y están en la categoría de sensaciones irracionales.

La nota de Grinbank también incurre en una generalización sobre la IA como tecnología inevitablemente concentradora de poder. La historia reciente muestra una tensión más compleja y en este ángulo demuestra desconocimiento. Es cierto que el entrenamiento de grandes modelos favorece a empresas con capital, chips, energía y datos. Pero también existen modelos abiertos, IA en dispositivos, infraestructura distribuida, servicios de edge computing, investigación universitaria, startups y regulaciones públicas que pueden moderar esa concentración. La IA no es una democratizadora automática, pero tampoco es inexorablemente totalitaria. Depende de arquitectura técnica, modelo de negocio, regulación y control institucional.

La crítica más sólida al régimen de incentivos no necesita las exageraciones y lugares comunes de Grinbank. La Argentina debería preguntarse, con datos, qué obtiene a cambio, contado en cuántos empleos directos e indirectos, qué inversión en red eléctrica, qué proporción de energía nueva o renovable, qué consumo de agua, qué transferencia tecnológica, qué proveedores locales, qué impacto fiscal neto, qué obligaciones de transparencia y qué capacidad estatal para fiscalizar.

Un régimen competitivo puede tener incentivos; un régimen inteligente exige contraprestaciones.

El riesgo de la mirada apocalíptica es que transforma una discusión de política pública en una disputa moral entre “futuro” y “entrega”. El país necesita debatir IA, data centers y sociedades automatizadas con precisión, y las voces razonables deben evitar tanto la fascinación acrítica por Silicon Valley como también el rechazo-reflejo a una tecnología que ya reorganiza la economía mundial.

Y la máxima falla de concepto es que la Argentina no tiene la opción de cerrarle la puerta a la IA. Dada esta innovación disruptiva, debe elegir el lugar en la cadena de valor donde puede competir, bajo qué condiciones y con qué controles.

El artículo de Grinbank acierta al pedir preguntas antes de conceder beneficios extraordinarios. Pero se equivoca cuando convierte esas preguntas en una narrativa de amenaza totalizante. La mejor objeción al “Súper RIGI” no es el miedo a una distopía tecnológica, sino la posibilidad mucho más concreta de negociar mal: regalar estabilidad, energía, suelo, agua y beneficios fiscales sin exigir a cambio infraestructura, innovación local, transparencia y responsabilidad.

[EXEUNT]