El viaje de Massa y Galmarini a Barbados ya está en la Justicia
Una denuncia pidió la investigación del viaje de Malena Galmarini en un jet ligado a De Narváez en el marco de una posible una dádiva.
El viaje de Sergio Massa y Malena Galmarini a Barbados dejó de ser sólo un problema político y pasó al terreno judicial. Una denuncia penal presentada en La Plata pidió la investigación de quién pagó el traslado en avión privado, cuál fue el valor económico del beneficio y si la senadora bonaerense pudo haber recibido una dádiva vinculada a su función pública.
La presentación fue realizada por el abogado Leandro Furundarena y recayó en la UFI N°2 de La Plata. El escrito solicita la determinación de quién afrontó los costos del traslado, quién dispuso o proporcionó la aeronave y si la eventual liberalidad fue concedida y aceptada “en consideración” al cargo de Galmarini.
El antecedente del caso Adorni vuelve inevitable una comparación política.
El caso se originó tras la publicación de que Massa, Galmarini y otras cinco personas viajaron a Barbados para celebrar sus 30 años de matrimonio. De acuerdo con El País, el grupo partió desde Buenos Aires hacia Montevideo y desde allí voló a Bridgetown en un jet vinculado al Grupo De Narváez, encabezado por Francisco de Narváez. El mismo medio señaló que cálculos informales ubicaron el costo de los vuelos alrededor de los US$400.000 y que el viaje habría sido un obsequio de De Narváez, amigo de Massa.
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La clave jurídica no está en Sergio Massa, que actualmente no ocupa un cargo público, sino en Galmarini, senadora provincial. El artículo 259 del Código Penal argentino reprime al funcionario público que admita dádivas entregadas en consideración a su oficio mientras permanezca en el ejercicio del cargo.
En el episodio del viernes en Peronería TV repasamos este caso, entre otros.
Furundarena explicó en Peronería TV que no afirmó la existencia de un delito consumado, sino que pidió la averiguación sobre si hubo un beneficio incompatible con la función pública. También sostuvo que el antecedente del caso Adorni vuelve inevitable una comparación política, porque si una diferencia patrimonial menor mereció meses de cobertura, un vuelo privado de alto valor económico debería recibir, como mínimo, escrutinio equivalente.
La investigación recién empieza. Galmarini mantiene la presunción de inocencia y la Justicia deberá reconstruir pagos, invitaciones, titulares de aeronaves, tramos y eventuales contraprestaciones. Pero el hecho político ya está instalado porque el dirigente que busca ordenar al peronismo queda otra vez asociado a una pregunta difícil sobre poder, empresarios amigos y privilegios.
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