By Diego Laje in Peroneria TV — 01 nov. 2026

Venezuela ante la disputa por las reglas de la transición

Machado respalda elecciones presidenciales en 2027 y Rodríguez promete una autoridad electoral renovada, todavía sin fecha de votación. La composición de la justicia y las garantías para competir concentran la negociación política.

La dirigente venezolana se presenta como dócil y amigable.

El regreso de María Corina Machado y la promesa electoral de Delcy Rodríguez abren una disputa por las condiciones bajo las cuales Venezuela abandonaría el autoritarismo. La dirigente opositora respalda una hoja de ruta hacia presidenciales en 2027; la presidenta encargada admite la necesidad de comicios, pero evita fijar fecha.

En su rueda de prensa del 29 de octubre, Machado presentó su retorno como evidencia de avances y respaldó el itinerario promovido por Washington. La secuencia contempla la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral antes de uan convocatoria presidencial.

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Rodríguez, en cambio, sostuvo en su mensaje en cadena nacional que las elecciones se realizarán después de reformas que garanticen derechos para todos. Reivindicó su conocimiento del aparato estatal como una ventaja para la conducción del cambio.

La renovación electoral tiene un antecedente en julio de 2024 aquellos comicios no cumplieron estándares internacionales por no fueron democráticos. Se señaló la falta de resultados desagregados por mesa y el sesgo de la autoridad electoral. También registró trabas para candidaturas, restricciones a la campaña opositora y ventajas oficialistas en el acceso a recursos y medios.

Un organismo electoral renovado debe ofrecer procedimientos que puedan observarse y auditarse, tales como inscripción de candidatos, acceso de testigos, publicación de actas y resolución de impugnaciones. Sustituir autoridades sin modificar esas prácticas conservaría las condiciones que hicieron imposible verificar el resultado anterior. La independencia se mide por decisiones concretas, especialmente por las que permiten competir a los adversarios del gobierno.

Human Rights Watch documentó detenciones arbitrarias.

La justicia influye sobre todo ese proceso. Puede revisar inhabilitaciones, proteger derechos y resolver disputas sobre las reglas electorales. Por eso la selección de magistrados constituye una negociación sobre el poder futuro de cada sector. Un tribunal dependiente del Ejecutivo conservaría herramientas para limitar la competencia, aunque el día de votación transcurriera sin incidentes y hubiera observadores extranjeros.

Las garantías también abarcan a quienes organizan campañas, informan o participan en protestas. En su informe mundial de 2025 sobre los hechos de 2024, Human Rights Watch documentó detenciones arbitrarias, la persecución de opositores y restricciones a la información. Esos antecedentes muestran por qué la apertura debe poder comprobarse antes de la elección. La posibilidad de expresarse sin represalias determina quién está dispuesto a fiscalizar, asistir a un acto o cuestionar públicamente a una autoridad.

La revisión de las detenciones debe distinguir entre la excarcelación y la recuperación plena de los derechos. Una persona que sale de prisión puede verse con restricciones para desplazarse o para ejercer actividad política. El examen de esas condiciones forma parte de la evaluación de las garantías electorales.

La movilización de los seguidores de Machado fue seguida de actos territoriales por parte de Rodríguez. La competencia por la calle permite a ambas manifestar apoyo, pero disponen de recursos desiguales: una controla el aparato estatal y la otra necesita convertir el respaldo social en garantías de participación. La popularidad, por sí sola, no garantiza el acceso a la boleta.

Rodríguez anunció, además, la restitución del acceso a portales informativos bloqueados.

Washington ocupa una posición adicional como promotor del diálogo y actor con intereses económicos. Machado agradeció la intervención, pero cuestionó la transparencia del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el gobierno interino. Esa diferencia sugiere que el respaldo externo puede coincidir con las demandas democráticas y, al mismo tiempo, responder a prioridades propias. Los compromisos sobre hidrocarburos necesitan publicidad para que futuros gobiernos y ciudadanos conozcan qué obligaciones se asumieron durante la transición.

Rodríguez anunció, además, la restitución del acceso a portales informativos bloqueados, sin identificar todos los sitios ni precisar plazos. La medida permite la confirmación sobre qué medios vuelven a estar disponibles y si pueden operar sin sanciones. Las declaraciones sobre convivencia adquieren valor institucional cuando las autoridades dejan de controlar qué información puede consultar la población.

El proceso de selección del nuevo Tribunal Supremo recibe postulaciones hasta el 11 de noviembre y prevé designaciones el 11 de diciembre. El comité reúne a 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados; un consejo adicional de siete juristas revisará el procedimiento. La evaluación de antecedentes, las objeciones a candidatos y la publicidad de las decisiones permitirán examinar cómo funciona esa composición en la práctica.

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