AySA ya tiene nuevo dueño
El Gobierno adjudicó el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio privado por US$340,2 millones.
El Gobierno adjudicó el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio privado por US$340,2 millones y fijó el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato de compraventa.
La decisión, es el paso más concreto hasta ahora en la privatización de la prestadora de agua potable y cloacas del área metropolitana. La adjudicación no debe confundirse con el cierre de la operación porque todavía resta formalizar la venta y pagar el precio.
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La Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía identifica como ganador al grupo integrado por Rowing SA, la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. La oferta competidora, presentada por firmas vinculadas a Roggio y otros socios, quedó segunda con US$285 millones, según el texto oficial. Hubo dos ofertas económicas admitidas y el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones dentro del plazo establecido, según consigna la resolución.
El paquete adjudicado comprende las 135.000 acciones de clase A en manos del Estado nacional, equivalentes al 90% del capital y los votos de AySA. Economía dispuso que la Tesorería informe al adjudicatario la cuenta en la que deberá depositar el precio. También corrigió en el modelo contractual un error material sobre la cantidad y el valor nominal de las acciones.
El proceso se apoya en la Ley 27.742, que declaró a AySA sujeta a privatización. El Gobierno había abierto la licitación en mayo de 2026 y recibió las ofertas técnicas en septiembre y las económicas en octubre. La resolución afirma que los precios se encuentran dentro de las proyecciones de la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior, aunque no publica en su articulado un análisis de los compromisos de inversión futuros ni un nuevo cuadro tarifario.
Para los usuarios, la pregunta es cómo se financiarán la expansión de redes, el mantenimiento y la calidad del servicio, y qué reglas fijará el regulador para conciliar esas inversiones con las facturas de los hogares. La adjudicación define al comprador y el precio de la participación estatal; por sí sola, no modifica las tarifas ni demuestra que ya se haya producido el traspaso efectivo.
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