Ley de tierras: la soberanía como excusa para frenar inversiones
El debate por la ley de tierras expuso una contradicción argentina, porque se invoca soberanía para bloquear inversiones, pero no cajas políticas.
La discusión por la llamada ley de tierras volvió a mostrar una de las trampas favoritas de la política argentina, convertir la palabra “soberanía” en una coartada para bloquear inversiones, proteger cajas provinciales y esconder negocios de poder.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma incluida dentro del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. El capítulo más polémico buscaba flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros, pero el oficialismo lo retiró para evitar una derrota en el Senado. Según informó El País, la presión social y la falta de votos obligaron al Gobierno a desmembrar el proyecto; así, el ministro Federico Sturzenegger había sostenido que derogar la ley podía destrabar inversiones por unos $15.000 millones de dólares.
El problema es usar ese argumento para clausurar toda inversión productiva, como si comprar tierra equivaliera a comprar soberanía.
La ley vigente, sancionada en 2011, establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y creó un régimen de registro y control. El texto oficial de la Ley 26.737 define como extranjeras a las personas jurídicas cuyo capital social mayoritario esté en manos de extranjeros y fija mecanismos de contralor sobre la titularidad rural.
El problema es usar ese argumento para clausurar toda inversión productiva, como si comprar tierra equivaliera a comprar soberanía. En la Argentina, el dueño de un campo no adquiere el subsuelo, no define defensa nacional, no controla fronteras ni reemplaza al Estado. Compra un activo, invierte, produce o especula. Y si especula, el problema no es su nacionalidad: es la calidad de las reglas.
La oposición denuncia la “extranjerización”, pero guarda silencio ante los grandes negocios de tierra vinculados al propio poder político. El caso Lázaro Báez es inevitable. Según una investigación de La Nación, Báez acumuló al menos 263.200 hectáreas en Santa Cruz durante la década kirchnerista, una superficie equivalente a trece veces la Ciudad de Buenos Aires.
¿La patria se defiende impidiendo que venga capital productivo o evitando que el poder político use la tierra como caja?
La respuesta argentina suele ser la peor porque se bloquea la inversión privada en nombre de la soberanía, mientras se tolera la concentración amiga en nombre de la militancia. Ese no es un modelo nacional. Es subdesarrollo administrado.
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