By Diego Laje in Análisis Político — 07 nov. 2026

Golpe en Paraguay: cómo destruir una sociedad, un votante a la vez

La caída de Peña dejará una herida en Paraguay. La comparación con la Argentina está en cómo la ira contra los gobernantes castigará a la sociedad entera, pero de eso la peronería no habla.

La dirigencia paraguaya ofreció un grotesco a pantalla partida, con la jura de uno y la detención de otro.

La caída de Santiago Peña dejará en Paraguay una herida más larga que la disputa cerrada al fin de su gobierno. El Senado lo destituyó el 6 de noviembre de 2026, tras un juicio político por el caso Ueno Bank. Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, ocupó su lugar. El cambio de mando tuvo la lógica de un golpe palaciego, una lucha entre dirigentes del mismo partido resuelta con la salida del jefe de Estado. Sus consecuencias también alcanzarán a quienes creyeron que su voto les aseguraba un gobierno hasta el fin del mandato. Argentina conoció ese daño y sufrió sus efectos durante años.

Ante todo, los partidarios del mandatario apartado sentirán que les quitaron algo que habían elegido. La decisión del Congreso les enseñará que el voto vale menos que los acuerdos entre quienes mandan. De esa convicción nacerán el rechazo a las instituciones y la ira contra los responsables del relevo, como sucedió en la Argentina de principio de siglo. Algunos ciudadanos dejarán de confiar en las reglas y otros buscarán un castigo para quienes las usaron en su contra. Ambos sentimientos tendrán efectos que perdurarán más allá de esta presidencia. El trauma colectivo será esa desconfianza compartida y la certeza de que una elección tampoco asegura que se respete lo elegido, como las narrativas "del helicóptero" destituyente repiten sectores de la peronería en la Argentina.

La decisión del Congreso le enseñará a cada votante que el sufragio vale menos que los acuerdos entre quienes mandan.

Además, Alliana gobernará con una deuda que el apoyo de los legisladores no resolverá. Para los seguidores de Peña, será el beneficiario de la operación que desplazó a su presidente. Así, cada dificultad de su gestión alimentará el recuerdo de cómo obtuvo el cargo. Sus adversarios asociarán los errores del gobierno con la forma en que este comenzó, con una legitimidad comparable con la que Eduardo Duhalde llegó al poder luego del derrocamiento de Fernando De La Rúa de la Casa Rosada. Entre tanto, el Partido Colorado, al cual pertenecen ambos dirigentes, habrá conservado el poder a costa de una división que llevará a las urnas. La victoria de una parte de su conducción dejará un daño que también pagarán sus candidatos.

La rapidez del trámite y la protección del sucesor dieron al reemplazo su carácter palaciego.

Lo que pasó

En concreto, la Cámara de Diputados aprobó la acusación contra Peña el 5 de noviembre, en medio de la crisis bancaria. El oficialismo apoyó ese proceso, pero —curiosamente— rechazó igual el planteo contra Alliana. La diferencia permitió el cambio de jefe del Estado y la permanencia de la Presidencia dentro del partido gobernante. Los cargos incluyeron presuntos conflictos de interés y decisiones sobre fondos públicos depositados en la entidad intervenida. Por su parte, el Senado lo declaró culpable de mal desempeño, una decisión distinta de una condena penal. La rapidez del trámite y la protección del sucesor dieron al reemplazo su carácter palaciego.

Como antecedente, Paraguay ya había vivido una crisis de este tipo antes del derrumbe argentino. En marzo de 1999, el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y la violencia frente al Congreso precedieron a la renuncia de Raúl Cubas Grau. Luis Ángel González Macchi, titular del Senado, asumió según el orden previsto en la Constitución. La sucesión resolvió quién asumiría el mando tras aquellas jornadas. El país conservó una autoridad, pero sufrió una ruptura que el juramento del reemplazante no borró. La experiencia paraguaya precedió a la argentina y mostró que una salida legal también deja heridas en la sociedad.

Luego, Fernando de la Rúa renunció a la Presidencia argentina en diciembre de 2001, entre protestas, restricciones bancarias y represión. Eduardo Duhalde, dirigente peronista, asumió mediante un acuerdo que incluyó al radicalismo del expresidente Raúl Alfonsín. El mandatario saliente denunció una conspiración y señaló al dirigente bonaerense como uno de sus responsables; mientras tanto, la recesión y la crisis financiera formaron parte de los hechos que precedieron a su salida. Entre tanto, el entendimiento entre partidos a puertas cerradas, aseguró una autoridad después del derrumbe. La sociedad, sin embargo, había perdido la confianza en quienes decidían en su nombre.

La promesa de Néstor Kirchner de romper con el pasado encontró una sociedad cansada de sus dirigentes y golpeada por la pérdida de sus ahorros.

Asimismo, quienes participaron de aquel acuerdo perdieron, con el tiempo, buena parte de su fuerza. Alfonsín renunció al Senado en 2002, debido a diferencias sobre el rumbo económico y el respaldo al gobierno peronista. Duhalde mantuvo su influencia y participó en la elección de su sucesor, pero tampoco conservó su puesto. Su candidatura presidencial de 2011 obtuvo el 5,86% de los votos afirmativos. El poder adquirido durante la emergencia no le aseguró un regreso por voluntad popular. Alliana conocerá ese desgaste cuando el cargo deje de protegerlo de la opinión de quienes se sintieron traicionados.

El rechazo a los responsables de la destitución se extenderá al rumbo económico que estos representan.

A su vez, Néstor Kirchner encontró en aquel rechazo una oportunidad para ofrecer otro rumbo desde el peronismo. En su asunción de 2003, defendió una mayor intervención del Estado y cuestionó el neoliberalismo. La promesa de romper con el pasado encontró una sociedad cansada de sus dirigentes y golpeada por la pérdida de sus ahorros. El giro hacia ideas disruptivas y autodestructivas creció en ese suelo de frustración. La crisis permitió la condena de políticas enteras, junto con los funcionarios que las habían aplicado. Ese es también el peligro paraguayo, porque el rechazo a los responsables de la destitución se extenderá al rumbo económico que estos representan.

La otra lectura

Sin embargo, el colapso de Ueno Bank perjudicó a quienes también reclamaron la salida del presidente. Algunos manifestantes celebraron la destitución y exigieron la devolución de su dinero.

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Las denuncias contra el gobernante merecerán una investigación y las pruebas determinarán las responsabilidades penales. Al mismo tiempo, la crisis bancaria y la lucha dentro del oficialismo contribuyeron al mismo desenlace. Sus víctimas juzgarán al sucesor por la devolución de sus fondos, mientras que los partidarios del dirigente removido exigirán explicaciones para aceptar lo ocurrido. Cabe destacar que el saliente Santiago Peña gozaba de un apoyo del 47% a su gestión, según los últimos datos disponibles. Ambas demandas acompañarán al nuevo Ejecutivo y el trámite parlamentario no bastará para darles respuesta.

Lo que sigue

Mientras tanto, Paraguay tendrá en juego algo que supera la carrera de sus políticos. Durante dos décadas, sus habitantes mejoraron sus condiciones de vida dentro de una economía que creció con inflación y deuda moderadas, cambios del que Santiago Peña fue arquitecto como ministro de economía de Horacio Cartes. Entre 2004 y 2025, el ingreso per cápita aumentó a una tasa media anual del 2,6%, según el Banco Mundial. Ese progreso exigió trabajo, ahorro y confianza para invertir. Las familias organizaron sus vidas sobre esas bases y esperaron que sus hijos vivieran mejor. El castigo a los dirigentes se extenderá a las políticas que acompañaron el crecimiento y comprometerá ese esfuerzo.

Los responsables del golpe habrán provocado consecuencias que excederán el conflicto que lo originó.

Por lo tanto, el voto nacido de la ira favorecerá a candidatos que prometan devolver lo perdido sin explicar cómo lo pagarán. Las consignas de beneficios sin recursos para pagarlos producirán nuevas deudas, inflación o impuestos. El deterioro del empleo y del ahorro dejará a más familias en la pobreza. Esa pérdida alimentará otro reclamo de castigo y dará fuerza a quienes ofrezcan soluciones aún más costosas. El país entrará en un círculo en el cual cada fracaso aumentará el resentimiento que justificará la siguiente mala decisión. Los responsables del relevo habrán provocado consecuencias que excederán el conflicto con el cual comenzó todo.

Para trazar paralelismos entre Argentina y Paraguay, lo primero a destacar es que Alliana pagará el costo de haber recibido el poder de quienes abandonaron al mandatario elegido. Su gobierno responderá por la crisis heredada y por cada dificultad que surja durante su gestión. La distancia entre los acuerdos del Congreso y la voluntad de los ciudadanos crecerá con cada promesa incumplida. Y los aspirantes a sucederlo encontrarán en esa distancia un motivo para pedir una ruptura mayor. El enfrentamiento colorado habrá abierto, como una caja de Pandora, conflictos que sus promotores no controlan. La próxima elección pondrá en el centro del debate la ira de quienes habrán perdido la confianza en sus representantes.

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