En "defensa" de la pauta oficial

Si durante décadas una parte del sistema de medios construyó su modelo de negocios alrededor de la pauta oficial, la pregunta aparece cuando el Estado nacional corta el flujo: ¿a qué negocio se dedica entonces esa prensa?

La ciencia política tiene una herramienta útil para entender lo que pasa con la pauta, y es el Dilema del Prisionero. En su versión clásica, dos actores racionales pueden elegir cooperar o traicionar. El problema es que la decisión racional individual puede producir un resultado colectivo peor. Se lo resume con, en el tratamiento estándar, dos jugadores racionales tienden a “defectar”, aunque la cooperación mutua habría dado un resultado superior.

Aplicado a la pauta oficial argentina, el juego es claro.

Para un gobierno, pagar pauta puede parecer racional porque compra visibilidad, reduce conflicto, sostiene vínculos con medios y organiza silencios. Para un medio, cobrar pauta también puede parecer racional porque financia estructura, salarios y supervivencia en un mercado debilitado.

Pero el equilibrio colectivo es malo porque se degrada la confianza pública, se confunde información con dependencia y se instala la sospecha de que ciertas agendas se amplifican o se apagan según el origen del dinero.

¿Es posible tener una democracia saludable sin profesionales de los datos duros? Pienso que no.

Ahí aparece la diferencia entre Axel Kicillof y Javier Milei. Según Chequeado, la provincia de Buenos Aires destinó en 2025 unos $58.300 millones de pesos a publicidad oficial, un aumento real del 63% frente a 2024, y sin una ley que establezca criterios objetivos de reparto. En términos estratégicos, Kicillof sigue jugando el juego tradicional. Si Nación se retira, quien paga se convierte en “la última Coca-Cola del desierto”.

El incentivo político es evidente, porque en un ecosistema hambriento de recursos, el que financia puede obtener trato más amable, menor escrutinio o una agenda menos hostil.

Quien paga pauta se convierte en “la última Coca-Cola del desierto”.

Milei eligió la estrategia opuesta. El Decreto 89/2023 suspendió por un año las campañas institucionales pagas de la Administración Central, salvo excepciones justificadas. Chequeado verificó luego que el Gobierno nacional redujo al mínimo la publicidad oficial. Esa decisión puede leerse como ahorro fiscal y ruptura de una herramienta de condicionamiento. Pero también tiene costos y deja menor capacidad estatal para campañas legítimas de interés público y una relación más confrontativa con el sistema de medios.

Cuando el negocio es la pauta, la agenda puede correrse hacia escándalos laterales mientras quedan preguntas centrales sin respuesta tales como inflación, crecimiento, déficit, seguridad o gestión provincial; temas que sí interesan al promedio de la gente como prueba la investigación social. Esa crítica no prueba por sí sola una coordinación editorial, pero sí describe un incentivo estructural, porque si el ingreso depende del poder político, la independencia se vuelve más frágil.

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