Los "golpes de timón" políticos son la defensa de una sociedad abusada
El lamento de la peronería "están destruyendo el Estado" es un cálculo económico y la "reconstrucción" una iniciativa con fines de lucro.
La dinámica política argentina puede explicarse mejor como un problema de incentivos racionales que de identidades o ideologías.
La peronería opera como una coalición organizada que maximiza poder y rentas capturando un Estado grande, discrecional y altamente rentable.
Sin modificar esa estructura de incentivos y reducir la capacidad de captura, cualquier alternancia política será necesariamente transitoria.
Una parte de la inestabilidad institucional argentina puede comprenderse con mayor precisión si se abandona el lenguaje moral o identitario y se adopta un enfoque basado en incentivos, restricciones y comportamientos racionales. Así, las teorías de Mancur Olson y Anthony Downs ofrecen herramientas particularmente útiles para analizar cómo determinados arreglos políticos tienden a reproducir, de manera persistente, dinámicas de captura del Estado.
Los grupos organizados y con intereses concentrados tienen ventajas frente a mayorías amplias.
Mancur Olson, en su teoría de la acción colectiva, parte de un supuesto fundamental: los grupos pequeños, organizados y con intereses concentrados tienen ventajas estructurales frente a mayorías amplias y difusas. Cuando los beneficios de una política están concentrados y los costos distribuidos socialmente, los primeros tienen incentivos claros para organizarse, presionar y capturar recursos, mientras que los segundos enfrentan problemas de coordinación, apatía racional y altos costos de movilización.
Aplicado al caso argentino, este marco permite entender cómo la peronería estructuró coaliciones estables de beneficiarios directos del Estado, tales como sindicatos con poder de veto, burocracias políticas profesionalizadas, empresas protegidas por regímenes regulatorios ad hoc, intermediarios territoriales y aparatos provinciales con fuerte control sobre recursos fiscales. Estos actores no dependen del crecimiento general de la economía, sino de la persistencia de un Estado grande, opaco y discrecional, que funcione como fuente de rentas.
Olson introduce además un concepto central, el pasaje del “bandido itinerante” al “bandido estacionario”. Cuando un grupo captura el control político de un territorio, deja de depredar de manera caótica y comienza a administrar el saqueo para hacerlo sostenible en el tiempo. La peronería, en este sentido, no destruye el Estado sino que lo reconfigura para maximizar la extracción de recursos sin colapsar completamente la base imponible que la financia.
Anthony Downs complementa este enfoque desde la teoría de la elección racional aplicada a la política. Para Downs, los partidos y los políticos son maximizadores de poder, no de bienestar social. Su objetivo principal es ganar elecciones y mantenerse en el gobierno, utilizando las políticas públicas como instrumentos para ese fin. Las ideologías, en este esquema, funcionan como atajos cognitivos y marcas electorales, no como compromisos normativos rígidos.
Desde esta perspectiva, la peronería puede entenderse como una estructura adaptativa altamente eficiente, capaz de modificar discurso, liderazgos y programas sin alterar su objetivo central, y ese es conservar el acceso a los recursos del Estado. Cuando el control directo se pierde, el sistema no colapsa sino que se repliega, preserva enclaves territoriales, mantiene redes clientelares mínimas y espera condiciones más favorables para regresar. Eso es lo que hacen desde la Provincia de Buenos Aires, y otros enclaves feudales en el territorio nacional.
El Estado argentino ofrece retornos demasiado altos a quienes logran capturarlo
La combinación de Olson y Downs permite identificar el núcleo del problema. Y este es que el Estado argentino ofrece retornos demasiado altos a quienes logran capturarlo. Esto genera un equilibrio perverso en el que la inversión más rentable no es productiva ni innovadora, sino política. Capturar regulaciones, presupuestos, subsidios o cargos se vuelve una estrategia racional frente a la incertidumbre del mercado.
En este contexto, los denominados “giros abruptos” de gobiernos no alineados con la peronería pueden reinterpretarse como intentos de alterar la estructura de incentivos. Reducir el tamaño del Estado, limitar la discrecionalidad, eliminar regímenes especiales o recentralizar controles no son decisiones ideológicas en sentido estricto, sino mecanismos defensivos orientados a elevar el costo de una futura recaptura.
El problema central no es únicamente quién gobierna, sino qué Estado queda disponible para ser gobernado. Mientras el aparato estatal mantenga alta capacidad de redistribución opaca, bajo control político y con bajo nivel de rendición de cuentas, la lógica olsoniana garantiza que grupos organizados volverán a ocuparlo. Y mientras los retornos electorales de esa estrategia sigan siendo positivos, la lógica downsiana asegura que seguirá siendo utilizada.
Sin una modificación profunda de los incentivos estructurales, cualquier alternancia política será transitoria. La sostenibilidad institucional requiere un Estado menos capturable, con reglas más automáticas, menor discrecionalidad y costos crecientes para quienes intenten convertirlo en una fuente privada de rentas. Solo así se rompe el equilibrio racional que ha permitido a la peronería reproducir su poder a lo largo del tiempo.
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