By Diego Laje — 12 sep. 2026

La jueza que abrió una guerra judicial

Marta Pascual suspendió por 60 días el nuevo régimen juvenil en PBA y abrió un conflicto entre Justicia, fiscales y política.

La provincia de Buenos Aires quedó abandonada.

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil derivó esta semana en una crisis institucional en la provincia de Buenos Aires. La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, suspendió durante 60 días su aplicación en territorio bonaerense al considerar que no existen condiciones materiales suficientes para implementarlo.

La Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo, redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido al régimen penal. La norma estableció un plazo de 180 días para su entrada en vigencia, contempló penas alternativas y fijó en 15 años el máximo de privación de libertad para menores. También asignó $23.739 millones para su implementación durante 2026.

La magistrada acumuló al menos tres pedidos de juicio político

Pascual aceptó un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por una organización vinculada a la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Su argumento no fue que los adolescentes de 14 y 15 años deban quedar necesariamente fuera del sistema penal, sino que la Provincia carece de institutos, personal y programas suficientes. “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó la magistrada, quien advirtió que encerrar menores sin educación, oficio o tratamiento puede fortalecer la reincidencia.

Mirá el episodio de este viernes de Peronería TV.

La decisión, sin embargo, produjo una situación inédita. Fiscales jefes bonaerenses anticiparon que consideran vigente la ley nacional y que la aplicarán, mientras Pascual acumuló al menos tres pedidos de juicio político y una denuncia por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.

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En Peronería TV, el especialista en seguridad Héctor Muzzio planteó otra dimensión del problema porque la cárcel y la punibilidad no bastan sin prevención, educación, tratamiento de adicciones y establecimientos especializados. “Ni mano fofa ni mano dura, mano segura”, resumió.

La pregunta es quién tiene la última palabra cuando una ley federal entra en vigencia pero una jurisdicción sostiene que no está puede (o quiere) cumplirla.

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